A partir de ese momento, se estableció una
Junta Militar encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte que suspendió
inmediatamente la Constitución, disolvió el Congreso, impuso una estricta
censura y prohibió todos los partidos políticos. Asimismo, lanzó una fuerte
campaña represiva contra los elementos izquierdistas del país: miles de
personas fueron arrestadas y centenares de ellas ejecutadas o torturadas;
muchos chilenos se exiliaron, mientras que otros pasaron largos años en prisión
o se dieron por desaparecidos.
Durante los años siguientes, la Junta Militar
gobernó al país con gran rigor, aunque hacia finales de la década pudo
apreciarse una cierta apertura. En 1978 se levantó el estado de sitio (aunque
siguió en vigor el estado de emergencia) e ingresaron más civiles en el
gabinete. Sin embargo, Chile siguió siendo esencialmente un Estado policial.
Una nueva Constitución, la de 1980, sometida a referéndum el día del séptimo
aniversario del golpe militar, legalizó el régimen hasta 1989; Pinochet inició
en marzo de 1981 un nuevo periodo de gobierno, ahora como presidente, con una
duración de ocho años.
En el ámbito económico, el gobierno de
Pinochet aplicó medidas de austeridad que provocaron el recorte de la inflación
y una mayor producción entre 1977 y 1981. No obstante, a partir de 1982, la
recesión mundial y la caída de los precios del cobre provocaron un retroceso de
la economía chilena. En 1983 se produjeron amplias protestas contra el
gobierno, seguidas de una serie de atentados en las grandes ciudades. El
aumento de la tensión popular y el progresivo deterioro de la economía llevaron
a Pinochet a reinstaurar el estado de sitio en noviembre de 1984. A finales de
ese mes, se firmó un tratado con Argentina, en el que se ratificaba la
soberanía chilena sobre tres islas del canal de Beagle (Picton, Nueva y
Lennox). En septiembre de 1986, tras un fallido intento de atentar contra la
vida de Pinochet, se desarrolló por parte del gobierno una nueva campaña
represiva.
